Por Graziella Pogolotti
No soy jurista. Mi lectura de la Constitución es la de una ciudadana consciente de su responsabilidad social y comprometida con el destino del país. Acudo, en primer lugar, al llamado de Fidel de cambiar todo lo que debe ser cambiado, teniendo en cuenta los factores que caracterizan el momento que estamos viviendo. En el análisis del contexto que define la contemporaneidad intervienen el panorama internacional y los elementos que configuran nuestra sociedad.
El derrumbe del socialismo europeo coincidió con una etapa del desarrollo capitalista dominada por el poder de las finanzas. La economía especulativa prevalece sobre la real. Gigantescas fortunas se refugian en paraísos fiscales. Los fundamentos de la democracia burguesa se quiebran mediante la manipulación de las masas a través de los medios de comunicación y las redes sociales que propagan la mentira y operan al margen de un sistema jurídico que proteja al ciudadano.
Propagada a gran escala, la mentira de la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak sirvió de pretexto para invadir ese país. Desde entonces, el derramamiento de sangre no ha cesado. El desplazamiento de pobladores ha sido inmenso. El terrorismo ha alcanzado dimensiones sin precedentes. Se han violado derechos humanos y normas jurídicas internacionales. La intervención en los asuntos internos de otros Estados se impone como práctica. El Oriente Medio parecía estar muy lejos. Ahora, la amenaza pende sobre nuestra América Latina.
Ante la acelerada y avasallante ofensiva del capitalismo en su fase más agresiva, violatoria del Derecho Internacional y de la soberanía e identidad de los pueblos mediante la conjunción del dominio económico, el despliegue militar, el descrédito de la política y la sofisticada manipulación de las conciencias, el socialismo propone una alternativa para los países del Tercer Mundo y, también —a otra escala— para la preservación del planeta. Atemperado en su práctica y formulación teórica a la especificidad histórica de cada nación, al análisis concreto de su grado de desarrollo, a sus tradiciones y culturas, distanciado del trasplante mecánico de otros modelos, sienta las bases para el logro de la auténtica soberanía nacional, sustenta una creciente justicia social y defiende el respeto debido a la dignidad humana.
Vista de manera integral, la Constitución articula la proyección hacia el futuro y las exigencias del presente. Mantiene viva la perspectiva de una sociedad comunista. Establece las bases conceptuales del cuerpo jurídico que debe ajustarse a los cambios operados en la sociedad cubana en cuanto a las formas de propiedad y las garantías para la inversión extranjera.
En contraposición al libre juego del mercado, afirma las prerrogativas del Estado en tanto representante de la soberanía popular. Fundamenta las normativas que han de presidir el funcionamiento de los tribunales y de la fiscalía como garantía de los bienes del pueblo y de los derechos de las personas.
Preserva el acceso universal y gratuito a la salud pública y a la educación. Por encima de todo, concede prioridad absoluta, según la tradición martiana, al respeto a la dignidad humana.
Consecuente con lo anterior, dedica una parte sustantiva de su articulado a la formulación de los derechos y deberes de los ciudadanos, sobre la base del respeto debido a la persona humana. Condena todas las formas de discriminación por motivos de raza, procedencia étnica, origen social, género, discapacidad y orientación sexual. Actualiza el concepto de familia al reconocer su diversidad de formas y constitución. Legitima con ello una realidad existente ahora mismo con raíces venidas de tiempo atrás y ocultas bajo el manto de la hipocresía, fuente de prejuicios lacerantes heredados de la zona más oscura de nuestra tradición cultural.
Ratifica los derechos de la infancia y la adolescencia, así como los deberes correspondientes a la maternidad y la paternidad, los de los hijos respecto a sus padres y abuelos. En ese ámbito condena el ejercicio de todas las formas de violencia atendiendo a las consecuencias físicas, sicológicas y sociales que pueden derivarse de esas conductas.
Como Carta Magna, la Constitución establece los principios fundamentales que habrán de presidir la sociedad que estamos construyendo. Es el punto de partida conceptual de una legislación complementaria que habrá de empezar a elaborarse de inmediato y que, probablemente, exigirá asimismo la revisión de nuestros Códigos civil y penal. Delinea las normas de un deber ser, al modo de una guía de acción para corregir problemas latentes en nuestra realidad actual mancillada por el burocratismo, el desajuste entre precios y salarios, el soborno, la corrupción, por la complicidad, desidia y complacencia ante lo mal hecho.
Concebido con la participación de todos y para el bien de todos, el debate sobre la Constitución constituyó un ejercicio democrático. Aportó propuestas que mejoraron la versión original. No menos importante resultó la contribución al desarrollo de una conciencia ciudadana, responsable y comprometida con el destino del país, paso decisivo para la asunción de la indispensable sujeción al imperio de la ley en beneficio de la nación y de quienes comparten el espacio de la Isla.
Tomado de Juventud Rebelde
